La rectora de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Alicia Bardón, debe evaluar si la casa de Terán se constituye como querellante en la llamada “causa Sigen”, que investiga presuntas anomalías en el manejo de fondos provenientes de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Bardón recibió tal recomendación por parte del Consejo Superior, que debatió un pedido elevado por el representante del estamento de los graduados Ricardo Cisneros. Tras una reunión conjunta de las tres comisiones permanentes del cuerpo, casi una veintena de consejeros firmaron un dictamen de apoyo a la presentación.

El planteo fue discutido, finalmente, el martes de la semana pasada, durante una sesión secreta. Tal metodología implica que los taquígrafos y la prensa se retiren del recinto de sesiones. Cisneros, precisamente, se había opuesto a que su presentación se debata a puertas cerradas. No recibió, sin embargo, el apoyo suficiente de sus pares. Hasta ayer, consejeros consultados por LA GACETA aún no habían accedido al texto final de la resolución. No obstante, coincidieron en que el primer punto del articulado debía recomendar a la rectora que evalúe presentar a la UNT como querellante en la “causa Sigen”.

La causa se había iniciado el 11 de marzo del año pasado, a instancias de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Según el fiscal federal Carlos Brito, las múltiples irregularidades constatadas en la disposición de fondos de YMAD justifican que sean llamados a declarar como imputados el ex rector Juan Alberto Cerisola, el ex secretario administrativo Juan Carlos Reimundín, y los actuales funcionarios Olga Cudmani (directora de Construcciones Universitarias), Horacio Alfredo Lobo (inspector de obra) y Osvaldo Venturino (director de Inversiones y Contrataciones). Brito se apoya en los informes técnicos que cuestionan con severidad el trámite que aplicó la UNT en tres proyectos edilicios millonarios: la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía; la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho, y la remodelación del local de la Acción Social de la UNT (Asunt).

“Sigen actúa como denunciante; entonces, la causa está parada, porque la debe impulsar la víctima, que es la única que puede constituirse en querellante. En este caso, la víctima es la UNT”, explicó Cisneros a LA GACETA. Y celebró que haya prosperado su presentación: “ganamos 28 a tres. Gratamente noté una recepción muy grande por parte del Consejo Superior; evidentemente allí habita la cuota de honorabilidad residual de la UNT”. El vicedecano de Bioquímica, Edgardo Cutín, había solicitado que el planteo vuelva a comisión y que, en todo caso, sea debatido en una sesión extraordinaria. Esta moción no prosperó.

Además de recomendar a la rectora que evalúe constituirse como querellante, el cuerpo decidió sugerir que se contrate un especialista en Derecho penal, externo a la UNT, para que colabore con el Servicio Jurídico de la casa de Terán, si fuere necesario.